En la provincia Sánchez Ramírez, donde la riqueza mineral debería ser un sinónimo de prosperidad para sus habitantes, la realidad es otra. La Barrick Gold, en complicidad con sectores políticos y empresariales, ha devastado el medioambiente, contaminado el agua y ahora busca despojar a campesinos de sus tierras. Sin embargo, el problema no es solo la empresa minera o los corruptos que la respaldan. El verdadero problema es la falta de educación cívica y política de los ciudadanos, quienes aún creen que el presidente de la República es el único responsable de solucionar sus problemas.
La Constitución de la República Dominicana, el Código Penal y diversas leyes ambientales garantizan el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano, a la propiedad privada y a la justicia social. No obstante, los propios funcionarios electos por la provincia—senador, diputados, gobernador, alcaldes y regidores—han sido incapaces de defender los intereses del pueblo. La pregunta es: ¿Cómo exigir justicia si ni siquiera se sabe a quién exigirla?
1. La responsabilidad de los funcionarios locales
Muchos dominicanos desconocen que las demandas de una comunidad deben ser dirigidas, en primer lugar, a sus representantes locales y provinciales, no al presidente. Veamos quiénes son los responsables directos:
El Senador de la Provincia
- Su función principal es legislar en el Congreso Nacional en favor de la provincia.
- Debe presentar proyectos de ley o resoluciones que regulen la actividad minera y aseguren que Cotuí reciba una compensación justa.
- Base legal: Artículos 76 y 77 de la Constitución Dominicana.
Los Diputados de Sánchez Ramírez
- Tienen el deber de representar a la provincia en la Cámara de Diputados, proponiendo leyes que protejan el medioambiente y los derechos de los ciudadanos.
- Deben fiscalizar los contratos del Estado con empresas privadas.
- Base legal: Artículos 81 y 93 de la Constitución.
El Gobernador Provincial
- Es el enlace entre la provincia y el Gobierno Central. Debe velar por el cumplimiento de las políticas públicas en su territorio.
- Debe actuar para proteger los intereses de la población ante la explotación minera.
- Base legal: Decreto 619-08 sobre la función de los gobernadores.
Los Alcaldes y Regidores
- Tienen el poder de dictar ordenanzas municipales que regulen el uso de suelo y la explotación de recursos naturales.
- Pueden declarar zonas protegidas y limitar la expansión de empresas depredadoras.
- Base legal: Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
2. Derechos constitucionales y leyes que protegen a Cotuí
Los ciudadanos tienen herramientas legales para exigir que sus representantes cumplan con su trabajo. Entre ellas:
Derecho a un ambiente sano
- Artículo 67 de la Constitución: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medioambiente sano y ecológicamente equilibrado.”
- Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales: Regula la explotación de recursos naturales y penaliza la contaminación.
Derecho a la propiedad privada
- Artículo 51 de la Constitución: El Estado debe garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada y solo puede expropiar por causa justificada e indemnización previa.
- Código Penal Dominicano, Artículo 379: Penaliza el despojo de tierras sin el debido proceso legal.
Obligación de los funcionarios de rendir cuentas
- Artículo 246 de la Constitución: Establece la obligación de los funcionarios de ser fiscalizados por la Cámara de Cuentas y el Congreso.
- Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio: Obliga a los funcionarios a justificar su patrimonio para evitar corrupción.
3. La vía política y legal para exigir justicia en Cotuí
En lugar de pedir al presidente que resuelva el problema, los ciudadanos de Sánchez Ramírez deben seguir los siguientes pasos:
- Exigir a los regidores y alcaldes que dicten ordenanzas municipales que limiten la expansión de la minería y protejan las tierras de los campesinos.
- Presionar a los diputados y al senador para que sometan proyectos de ley que garanticen mayores beneficios para la provincia.
- Denunciar ante el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional cualquier violación de derechos fundamentales.
- Presentar querellas ante la Procuraduría Especializada en Medio Ambiente contra Barrick Gold por contaminación y violaciones a la Ley 64-00.
- Organizar protestas estratégicas y campañas mediáticas para exponer la ineficiencia de los funcionarios y asegurar que no sean reelegidos si no cumplen su rol.
Conclusión: El pueblo ignorante es fácil de someter
Cotí no necesita un milagro presidencial, sino ciudadanos que entiendan el sistema político y sepan a quién exigir respuestas. Mientras sigamos dependiendo de figuras nacionales y no de nuestros propios representantes, la Barrick Gold y los corruptos seguirán destruyendo la provincia con total impunidad.
Si la educación cívica y política fueran prioridad en la República Dominicana, los habitantes de Cotuí ya habrían destituido a los funcionarios ineficientes, auditado a sus líderes locales y tomado el control de su propio destino. Pero en un país donde la ignorancia se usa como herramienta de dominación, los pueblos siguen pidiendo justicia en el lugar equivocado.
La pregunta es: ¿Cuándo entenderán los cotuisanos que su verdadero enemigo no es solo la Barrick Gold, sino su propia indiferencia?
Autor: Job Vasquez
0 Comentarios