Carta pública al Excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona.
Excelentísimo señor presidente:
Gobernar no consiste en convencer a la ciudadanía de que se está haciendo lo correcto. Consiste en demostrarlo. Y cuando los resultados no corresponden a las promesas, consiste en explicarlo, asumir las responsabilidades que correspondan y corregir el rumbo. Esa es la tesis central de esta carta: los avances de una gestión merecen reconocimiento, pero no constituyen una absolución general. Las controversias merecen investigación, pero no justifican una condena sin pruebas. Y el liderazgo presidencial no puede medirse únicamente por lo que un Gobierno anuncia, sino también por los resultados que produce, los recursos que utiliza, las instituciones que fortalece y las obligaciones que deja para el futuro.
Usted llegó a la Presidencia en agosto de dos mil veinte y fue reelegido en dos mil veinticuatro. Seis años después del inicio de su primera administración, ya es posible examinar una parte considerable de su gestión y formular preguntas que no pueden responderse únicamente con discursos. No le escribo para condenarlo de antemano. Tampoco para concederle un cheque en blanco. Le escribo porque la República Dominicana merece algo más que una disputa permanente entre defensores y detractores del Gobierno. Merece saber qué se ha logrado, qué ha costado, qué sigue pendiente y qué explicaciones resisten el contraste con los documentos. Y para comenzar ese examen, hay que reconocer lo que los propios datos oficiales muestran, incluso cuando resultan favorables a su administración.
Los avances merecen reconocimiento, no una absolución general:
La pobreza monetaria general descendió del diecinueve por ciento en dos mil veinticuatro al diecisiete punto tres por ciento en dos mil veinticinco, según las cifras preliminares de la Oficina Nacional de Estadística. El mercado laboral también registró un aumento promedio interanual de ciento treinta y tres mil novecientas quince personas ocupadas durante dos mil veinticinco. De ese incremento, ciento treinta y un mil novecientas una correspondieron a empleos formales, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo publicados a partir de datos del Banco Central.
Son cifras relevantes. Detrás de ellas hay trabajadores que se incorporaron al empleo formal y familias cuyas condiciones económicas pueden haber mejorado. Sería deshonesto ignorarlas. Pero también sería un error convertirlas, por sí solas, en una evaluación definitiva de toda su gestión. Las estadísticas describen resultados; determinar sus causas exige examinar las políticas aplicadas, el contexto económico y los demás factores que intervienen. Además, reducir la pobreza no significa haber eliminado las dificultades económicas de los hogares. El mismo informe de la ONE registró un aumento del coeficiente de Gini, indicador de desigualdad del ingreso, de cero punto trescientos ochenta y seis en dos mil veinticuatro a cero punto trescientos ochenta y nueve en dos mil veinticinco. La variación es moderada, pero evidencia que la reducción de la pobreza y la distribución del ingreso son dimensiones distintas.
Por eso, presidente, la pregunta no es si su Gobierno puede exhibir cifras favorables. Puede hacerlo. La pregunta es si puede demostrar qué políticas contribuyeron a esos avances, qué parte corresponde razonablemente a las decisiones gubernamentales y qué falta por hacer para que las mejoras sean duraderas y alcancen también a quienes continúan rezagados. Porque gobernar no consiste solamente en mejorar un promedio. Consiste también en responder por quienes todavía no consiguen mejorar sus condiciones de vida.
Crecer no es lo mismo que prosperar:
La economía dominicana ofrece otro ejemplo de por qué el balance presidencial debe ir más allá de los titulares. Según las cifras publicadas por el Banco Central, el producto interno bruto real creció un cinco por ciento en dos mil veinticuatro y un dos punto uno por ciento en dos mil veinticinco. Durante los primeros ocho meses de dos mil veintiséis, el indicador mensual de actividad económica acumuló un crecimiento del cuatro punto cinco por ciento. Al mismo tiempo, la inflación interanual alcanzó el cinco punto doce por ciento en septiembre de dos mil veintiséis, ligeramente por encima del límite superior del rango meta establecido por el Banco Central.
La realidad económica, por tanto, no admite una descripción de una sola cara. Hubo una desaceleración del crecimiento en dos mil veinticinco y una recuperación de la actividad durante dos mil veintiséis, mientras los precios seguían siendo una preocupación concreta. Tampoco sería riguroso atribuir toda esa evolución al presidente. Hay factores externos, condiciones financieras, decisiones monetarias y dinámicas privadas que influyen en el desempeño económico. Sin embargo, el ciudadano no paga sus gastos con explicaciones macroeconómicas. Los paga con sus ingresos. Por eso corresponde preguntar cuánto ha mejorado la capacidad real de los hogares para cubrir alimentos, vivienda, transporte, educación y salud; qué ha ocurrido con los salarios reales y qué políticas se han adoptado para que la recuperación se convierta en bienestar duradero.
Presidente, ¿cuáles son los resultados verificables de su Gobierno en esa materia y qué medidas permitirán que el crecimiento económico se traduzca en una mejora sostenible de las condiciones de vida? No le pido que controle todas las variables de la economía. Le pido que explique las decisiones que sí están bajo su responsabilidad y que permita medir sus resultados.
La deuda: cuánto cuesta el progreso y quién pagará la factura:
Es aquí donde considero que el balance de su gestión necesita una pregunta adicional. Porque no basta con saber si la economía creció, si el empleo aumentó o si disminuyó la pobreza. También debemos conocer cuánto costó sostener esos resultados, qué parte de los recursos utilizados provino del endeudamiento y qué capacidad económica tendrá el país para cumplir sus obligaciones en los próximos años.
Presidente, una mejora financiada con recursos que el Estado puede pagar no plantea el mismo problema que una mejora cuyo costo crece más rápido que la capacidad de sostenerla. No afirmo que la economía dominicana esté dentro de una burbuja. La evidencia examinada no permite llegar a esa conclusión. Lo que sí permite es plantear una pregunta legítima sobre la sostenibilidad del crecimiento y la calidad del financiamiento público. Los registros de la Dirección General de Crédito Público muestran que la deuda del sector público no financiero pasó de aproximadamente cincuenta y cuatro mil ochocientos millones de dólares al cierre de dos mil veintitrés a unos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta millones al treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.
Es una diferencia nominal de alrededor de doce mil ochocientos veintiún millones de dólares, equivalente a un incremento aproximado del veintitrés punto cuatro por ciento respecto al saldo de cierre de dos mil veintitrés. Al corte de agosto de dos mil veintiséis, la deuda del sector público no financiero equivalía al cuarenta y seis punto seis por ciento del producto interno bruto estimado. Del saldo registrado, el setenta y uno punto uno por ciento correspondía a deuda externa.
Estas cifras requieren una interpretación cuidadosa. Un aumento nominal de la deuda no demuestra por sí solo que exista una crisis, porque también influyen el crecimiento del PIB, los tipos de cambio, los plazos de vencimiento y las operaciones de refinanciación. Pero sí obliga a preguntar si el endeudamiento está fortaleciendo la capacidad productiva del país y si los beneficios obtenidos justifican sus costos. También es necesario distinguir las medidas de deuda. En su consulta de dos mil veinticinco, el Fondo Monetario Internacional estimó la deuda del sector público consolidado en el cincuenta y ocho punto uno por ciento del PIB para dos mil veinticuatro y el cincuenta y nueve punto dos por ciento para dos mil veinticinco. Esta medida tiene una cobertura institucional más amplia que la cifra del sector público no financiero publicada por Crédito Público, por lo que los porcentajes no deben compararse como si describieran exactamente el mismo conjunto de obligaciones.
El FMI consideró sostenible la deuda bajo su escenario de referencia y proyectó una trayectoria descendente a largo plazo, con un ancla del cuarenta por ciento del PIB para dos mil treinta y cinco. Esa evaluación debe reconocerse. Pero una proyección no es una garantía. Depende de supuestos sobre crecimiento, ingresos, gasto, tasas de interés y ejecución de reformas. El propio organismo recomendó prudencia fiscal, mayor movilización de ingresos públicos y mejoras en la eficiencia del gasto.
Por eso, la cuestión no es afirmar que la deuda es insostenible ni aceptar que es inofensiva. La cuestión es comprobar si las proyecciones se están cumpliendo y qué resultados produce el financiamiento que el Estado obtiene. Los documentos presupuestarios hacen esta pregunta todavía más concreta. La planificación financiera publicada para dos mil veintiséis contemplaba necesidades brutas de financiamiento por alrededor de cuatrocientos un mil setecientos sesenta y ocho millones de pesos. De las fuentes previstas, aproximadamente doscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y seis millones provenían del financiamiento externo. Ese financiamiento externo se distribuía entre créditos multilaterales, bilaterales y comerciales destinados a proyectos de inversión; colocaciones de bonos globales; y apoyo presupuestario.
Conviene precisar lo que significan esos datos: son necesidades y fuentes previstas en la planificación presupuestaria, no una afirmación de que todas esas cantidades se hubieran desembolsado ya ni de que representen, peso por peso, deuda nueva neta. La necesidad bruta incluye también aplicaciones financieras, como amortizaciones de obligaciones existentes. Pero hay una diferencia sustancial entre contratar financiamiento para un proyecto identificable y utilizar instrumentos de deuda o apoyo presupuestario cuyo beneficio debe evaluarse a partir de los resultados del gasto que permiten sostener.
No significa que los bonos o el apoyo presupuestario sean necesariamente improductivos. Significa que no podemos asumir que todo recurso externo se convierte directamente en una obra terminada o en una mejora verificable de los servicios. También debemos mirar el costo del endeudamiento. El informe explicativo del presupuesto inicial de dos mil veintiséis estimó un servicio total de la deuda de alrededor de cuatrocientos cincuenta y nueve mil millones de pesos. De esa cantidad, aproximadamente trescientos sesenta y tres mil millones se proyectaban para intereses y comisiones, y unos noventa y seis mil millones para amortizaciones de capital.
Eran previsiones preliminares del presupuesto inicial, no cifras definitivas de ejecución. Posteriormente, el Ejecutivo depositó ante el Senado un proyecto de modificación presupuestaria que contemplaba cambios en las asignaciones de distintos capítulos, incluida la deuda pública. Por eso resulta necesario contrastar las proyecciones iniciales con el presupuesto finalmente vigente y la ejecución que se registre. No basta con conocer cuánto dinero entra a las cuentas del Estado. Debemos conocer cuánto cuesta obtenerlo, cómo se utiliza y qué beneficios duraderos deja.
Presidente, aquí le planteo cuatro preguntas que merecen respuestas documentadas:
¿Puede su Gobierno presentar un balance de los préstamos contratados y de los bonos emitidos, distinguiendo lo approved, lo firmado, lo desembolsado y lo efectivamente ejecutado?
¿Puede identificar, financiamiento por financiamiento, el destino de los recursos, los proyectos o programas asociados, sus avances físicos y financieros, y los resultados obtenidos?
¿Qué proporción del crecimiento y de las mejoras sociales observadas puede relacionarse razonablemente con una mayor capacidad productiva, y qué parte depende de recursos prestados o de gastos que deberán financiarse nuevamente?
¿Qué pruebas tiene su Gobierno de que podrá atender las obligaciones futuras sin reducir de manera desproporcionada su capacidad de financiar educación, salud, seguridad, infraestructura y protección social?
Esta es una cuestión de liderazgo, no una acusación de insolvencia. La ciudadanía tiene derecho a saber si está construyendo una economía capaz de sostener sus compromisos o si corre el riesgo de terminar pagando cada vez más por financiar resultados que no generan suficiente capacidad económica para el futuro. La diferencia debe establecerse con datos, no con sospechas ni con discursos de tranquilidad.
La seguridad exige resultados y datos confiables:
La seguridad ciudadana es otro terreno en el que el discurso debe someterse a la evidencia. El Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana informó que, tras concluir la validación interinstitucional de los registros de dos mil veinticinco, la República Dominicana cerró ese año con una tasa de ocho punto siete homicidios intencionales por cada cien mil habitantes, basada en novecientos cincuenta y un homicidios registrados. La cifra fue superior a la tasa preliminar de ocho punto quince anunciada en enero.
Esa revisión no demuestra, por sí sola, manipulación. La depuración de los registros puede corregir cifras preliminares. Pero sí demuestra por qué necesitamos estadísticas transparentes, comparables y oportunas. Una política de seguridad no puede evaluarse exclusivamente mediante declaraciones de éxito. Necesita datos definitivos, criterios consistentes y explicaciones sobre las diferencias entre los reportes iniciales y los resultados consolidados. También necesita examinar la prevención del delito, la investigación criminal, la protección de las víctimas, la actuación de los agentes y la rendición de cuentas cuando se producen abusos.
Presidente, ¿cómo garantizará su Gobierno que las políticas de seguridad sean evaluadas con indicadores confiables y que las instituciones responsables rindan cuentas tanto por sus resultados como por sus actuaciones? La seguridad es un derecho ciudadano. Y la transparencia de sus estadísticas debe formar parte de esa seguridad.
Rectificar es una virtud. Explicar lo que viene después también:
El diecinueve de octubre de dos mil veinticuatro, usted anunció el retiro del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, después de reconocer que la propuesta no contaba con el consenso necesario para ser aprobada. Explicó que había escuchado las inquietudes y reservas expresadas por la ciudadanía. La decisión merece ser reconocida. Un presidente no demuestra debilidad por modificar una propuesta cuando comprueba que carece del respaldo necesario. La capacidad de escuchar y corregir forma parte del ejercicio democrático.
Pero retirar un proyecto no elimina el problema que pretendía resolver. El Estado necesita financiar sus obligaciones, mejorar la calidad del gasto y sostener sus servicios públicos. La cuestión pendiente consiste en cómo hacerlo, con qué prioridades y distribuyendo los costos de manera justificable. Por eso, la pregunta es inevitable: ¿qué alternativas fiscales se han desarrollado desde entonces y cómo puede la ciudadanía examinar sus consecuencias para los hogares, las empresas, la inversión y las cuentas públicas?
La rectificación cuenta. Pero también cuenta lo que se hace después de rectificar. Y ese principio debe aplicarse a todas las decisiones gubernamentales: reconocer el acierto cuando existe, exigir una explicación cuando falta y comprobar que las correcciones anunciadas se traduzcan en cambios efectivos.
La transparencia no puede quedarse en una promesa:
El nueve de diciembre de dos mil veinte, usted presentó un plan de reformas institucionales contra la corrupción y para la recuperación del patrimonio público. Anunció iniciativas orientadas a fortalecer los controles, mejorar la transparencia de las contrataciones y reforzar la fiscalización del gasto. Fue una declaración importante. Precisamente por eso merece un balance a la altura de su alcance.
No sería justo concluir que aquellas iniciativas fracasaron sin examinar sus resultados. Pero tampoco sería suficiente recordar que fueron anunciadas y dar por cumplida la tarea. La rendición de cuentas exige identificar qué medidas se ejecutaron, qué controles se fortalecieron, qué resultados se obtuvieron y qué recomendaciones de los órganos fiscalizadores siguen pendientes. En contratación pública, la evaluación debe partir de expedientes concretos: procedimientos, ofertas, adjudicaciones, contratos, modificaciones, pagos y recepción de bienes o servicios. Una contratación de determinado monto, la repetición de un proveedor o el uso de una modalidad excepcional no prueban, por sí solos, una irregularidad. Cada caso exige documentos, contexto y contraste.
Lo mismo ocurre con las auditorías. Una observación administrativa no equivale automáticamente a un delito; una investigación tampoco equivale a una condena. Pero esas diferencias no deben utilizarse como excusa para evitar explicaciones sobre deficiencias administrativas que sí estén demostradas.
Presidente, ¿puede su Gobierno presentar un balance consolidado de las reformas anticorrupción anunciadas desde dos mil veinte, sus resultados verificables y las medidas correctivas adoptadas cuando los órganos de control han señalado problemas? Porque aquí está una de las pruebas fundamentales del liderazgo: no basta con anunciar controles. Hay que demostrar que funcionan, que sus observaciones reciben respuesta y que las responsabilidades institucionales no desaparecen entre oficinas, procedimientos y comunicados. La confianza no nace de proclamar transparencia. Nace de permitir que los ciudadanos comprueben cómo funciona.
La frontera: soberanía, seguridad y redes de tráfico humano:
Esa misma obligación de demostrar que el Estado funciona se vuelve urgente en una de sus responsabilidades más sensibles: proteger las fronteras, hacer cumplir la legislación migratoria y evitar que las vulnerabilidades del territorio se conviertan en oportunidades de negocio para las redes criminales.
Presidente, como dominicano, me preocupa el descontrol migratorio, la seguridad de nuestra frontera y la posibilidad de que quienes trafican con seres humanos encuentren en nuestro país las facilidades necesarias para operar. Me preocupa que la necesidad de unos se convierta en el negocio de otros y que los ciudadanos que cumplen la ley terminen pagando las consecuencias de controles insuficientes. No se trata de atribuir conductas criminales a todos los ciudadanos haitianos ni de confundir nacionalidad con delincuencia. Se trata de distinguir entre la persona migrante, quien incumple la legislación migratoria y las redes que organizan, financian o facilitan actividades ilícitas. Esa distinción es necesaria para investigar correctamente. Pero no debe convertirse en una excusa para minimizar el problema.
Los propios registros oficiales muestran que el tráfico ilícito de migrantes y la falsificación de documentos no son asuntos puramente hipotéticos. La Dirección General de Migración informó que, entre enero y agosto de dos mil veintiséis, llevó ante la justicia a doscientas setenta personas vinculadas a ciento noventa y ocho casos de delitos migratorios. El desglose incluyó ochenta y cinco casos de tráfico ilícito de migrantes y noventa y nueve expedientes por falsificación y uso de documentos falsos. Entre las personas sometidas figuraban ciento setenta y nueve dominicanos, noventa haitianos y un ciudadano canadiense. Estos datos obligan a mirar el problema de frente. Las redes de tráfico de migrantes no pueden entenderse únicamente como un asunto de extranjeros que intentan cruzar una frontera. También involucran a quienes organizan los traslados, cobran por ellos, falsifican documentos o facilitan las operaciones dentro del territorio dominicano.
Hay un hecho todavía más preocupante. En junio de dos mil veintiséis, la propia Dirección General de Migración informó que había detenido a dos de sus colaboradores, señalados por transportar irregularmente a veintidós ciudadanos haitianos entre Dajabón y Puerto Plata, utilizando vehículos oficiales de la institución. Según la DGM, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Detengámonos en lo que implica este caso. Una institución encargada de hacer cumplir la legislación migratoria informó que dos de sus propios colaboradores presuntamente utilizaban vehículos institucionales para facilitar el transporte irregular de migrantes. Esto no demuestra que toda la institución esté comprometida ni permite atribuir responsabilidad directa al presidente por los actos individuales de esos servidores. Pero sí plantea una pregunta institucional ineludible: ¿qué controles existen para impedir que quienes deben hacer cumplir la ley utilicen su posición o los recursos públicos para vulnerarla?
También existen resultados judiciales concretos. En junio de dos mil veintiséis, la DGM informó que un tribunal había condenado a un ciudadano dominicano a cinco años de prisión y al pago de una multa equivalente a trescientos cincuenta salarios mínimos del sector público, tras hallarlo culpable de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. El caso se originó cuando fue detenido transportando a veintiséis ciudadanos haitianos indocumentados. Este caso demuestra que la persecución penal puede producir resultados concretos. También evidencia que el tráfico de personas no se combate únicamente en la línea fronteriza: hay que perseguir a quienes organizan y facilitan el negocio dentro del país.
Por eso no basta con contabilizar detenciones y deportaciones. La Dirección General de Migración informó que durante dos mil veinticinco registró trescientas setenta y nueve mil quinientas cincuenta y tres deportaciones de nacionales haitianos en situación migratoria irregular. Es una cifra que refleja la magnitud de las operaciones estatales, aunque las deportaciones por sí solas no demuestran que las redes de tráfico hayan sido desmanteladas ni que los flujos irregulares estén bajo control. La pregunta es si las medidas adoptadas están logrando interrumpir las redes, identificar a quienes las financian y reducir su capacidad de operar.
Y la preocupación por el control fronterizo no termina en el tráfico de personas. También alcanza la circulación de armas y municiones. En marzo de dos mil veintiséis, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Haití documentó municiones calibre cinco punto cincuenta y seis milímetros recuperadas en dos mil veinticinco de manos de la banda criminal cuatrocientos Mawozo. De una muestra de ochenta y nueve cartuchos examinados por el Panel, veinticinco llevaban las marcas «ERD», correspondientes al Ejército de la República Dominicana, y habían sido fabricados en dos mil veintidós. Otros dieciséis presentaban marcas compatibles con municiones desviadas de la Policía dominicana, un asunto que el propio Panel había investigado anteriormente.
El informe recoge que las autoridades dominicanas explicaron a los expertos que las municiones marcadas «ERD» habían sido adquiridas en dos mil veintidós a un fabricante colombiano. Esa explicación debe ser considerada y contrastada con los registros de adquisición, distribución y custodia. El documento de la ONU también identificó municiones calibre punto cincuenta fabricadas en la República Dominicana durante la década de mil novecientos cincuenta. Al menos quince de treinta y dos cartuchos de ese calibre examinados por el Panel correspondían a fabricación dominicana. Sin embargo, el informe señaló que la cadena de custodia exacta de ese material excedente seguía sin esclarecerse y que algunas municiones de ese tipo habían circulado históricamente en el mercado civil de Estados Unidos. Las autoridades dominicanas informaron a los expertos que estaban destruyendo municiones excedentes y que no habían detectado desvíos de ese material.
En octubre de dos mil veintiséis, el Ministerio de Defensa reiteró públicamente su cooperación con las Naciones Unidas y su compromiso de continuar las investigaciones sobre la trazabilidad de las municiones. Esa respuesta oficial es relevante y debe reconocerse. Pero los interrogantes sobre la circulación de las municiones no desaparecen por la sola existencia de una investigación. El informe de la ONU también recoge que, en diciembre de dos mil veinticinco, un oficial del Ejército y un ciudadano haitiano fueron detenidos en San Juan de la Maguana mientras transportaban mil quinientos dieciséis cartuchos en una motocicleta. Según la información remitida a los expertos, el caso judicial continuaba en curso.
No afirmo que ese incidente esté vinculado con todos los cartuchos encontrados en manos de la banda criminal. La documentación consultada no permite establecer esa conexión. Son hechos que deben investigarse por separado hasta que las pruebas demuestren si existe alguna relación. Pero el conjunto de estos datos sí justifica una pregunta institucional seria: ¿son suficientes los mecanismos actuales para garantizar que el material bélico esté debidamente registrado, custodiado y trazado, y que cualquier posible desvío pueda identificarse y corregirse?
La frontera no puede evaluarse únicamente por el número de operativos realizados ni por la cantidad de personas deportadas. También debe evaluarse por la capacidad del Estado para prevenir el tráfico humano, perseguir las redes que se benefician de él y asegurar que sus propios recursos no terminen facilitando actividades ilícitas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en febrero de dos mil veintiséis preocupación por determinadas medidas migratorias, incluido el protocolo relacionado con la atención en hospitales públicos. El Estado dominicano presentó sus razones de seguridad, orden público y sostenibilidad de los servicios, y sostuvo que se contemplaba la atención médica de urgencia. El comunicado de la Comisión no constituye una sentencia judicial. Sus observaciones, sin embargo, requieren una respuesta institucional verificable, del mismo modo que la posición del Estado debe poder contrastarse con los procedimientos realmente aplicados.
Defender las fronteras, combatir las mafias y respetar las garantías jurídicas no deberían presentarse como objetivos incompatibles. La responsabilidad de un Estado consiste en demostrar cómo cumple ambas obligaciones.
Presidente, mis preguntas son directas:
¿Qué estrategia medible está aplicando su Gobierno para desmantelar las redes de tráfico ilícito de migrantes, perseguir a quienes las financian y someter a la justicia a los funcionarios que eventualmente faciliten sus operaciones?
¿Qué controles permiten comprobar que los agentes migratorios, militares y policiales no utilicen su posición o los recursos públicos para favorecer actividades ilícitas?
¿Qué avances concretos existen para esclarecer cómo llegaron municiones de fabricación dominicana a manos de una banda criminal en Haití, determinar su trazabilidad y establecer responsabilidades cuando corresponda?
¿Publicará su Gobierno un balance verificable de las investigaciones concluidas, las condenas firmes, las redes desarticuladas y las medidas adoptadas para corregir las vulnerabilidades institucionales identificadas?
No considero patriótico cerrar los ojos ante estos problemas para proteger la imagen de un Gobierno. Tampoco considero responsable convertirlos en acusaciones sin pruebas. El patriotismo exige proteger a la República, exigir resultados a sus autoridades y reconocer los hechos, incluso cuando obligan a formular preguntas incómodas.
Una frontera no se protege únicamente con operativos y deportaciones. Se protege mediante controles efectivos, inteligencia, justicia, cooperación internacional y vigilancia sobre quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Como dominicano, no le pido una política migratoria construida sobre el rechazo a un pueblo. Le exijo una política capaz de proteger al nuestro: una frontera bajo control, unas instituciones que no sean instrumentos de las mafias y una justicia que alcance a quienes convierten la necesidad humana y las vulnerabilidades del Estado en un negocio criminal.
Los recursos del país no pueden administrarse a ciegas:
La responsabilidad del Estado no termina en la frontera. También se extiende a la manera en que administra sus recursos estratégicos y decide qué acuerdos internacionales pueden comprometer oportunidades futuras para el país.
El diez de septiembre de dos mil veintiséis, la República Dominicana y Estados Unidos anunciaron un marco de cooperación para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras, promover oportunidades de inversión e identificar proyectos de interés. El comunicado oficial describe el instrumento como un plan de acción político y programático que no crea obligaciones jurídicamente vinculantes o exigibles. Por tanto, no equivale, por sí mismo, a una concesión minera ni a una autorización definitiva de explotación.
La cooperación internacional puede abrir oportunidades de inversión y desarrollo tecnológico. Pero los recursos estratégicos requieren información pública, evaluaciones ambientales, reglas transparentes y una explicación clara de los beneficios que recibirá el país.
Presidente, ¿cómo garantizará su Gobierno que cualquier proyecto concreto que surja de esta cooperación se examine con transparencia, protección ambiental y criterios públicos que permitan evaluar sus beneficios y costos? La riqueza de una nación no se mide solamente por los recursos que posee, sino por su capacidad para administrarlos en beneficio de la ciudadanía.
El liderazgo no se proclama: se demuestra:
Presidente Abinader, después de examinar estos asuntos, la tesis de esta carta es clara.
Los avances en pobreza y empleo merecen reconocimiento. La recuperación de la actividad económica durante dos mil veintiséis y la capacidad de rectificar una propuesta fiscal ante la falta de consenso también deben formar parte de cualquier balance honesto. La seguridad merece evaluarse mediante datos definitivos. La transparencia exige comprobar que los controles funcionan. La gestión migratoria requiere demostrar que el Estado puede proteger sus fronteras y perseguir a las redes criminales. Y las decisiones sobre recursos estratégicos deben acompañarse de garantías que permitan verificar el beneficio público.
Pero hay una dimensión que atraviesa todas las demás: la sostenibilidad. No basta con conocer los resultados que una administración presenta hoy. También necesitamos saber cuánto costaron, cómo se financiaron, qué obligaciones dejaron y qué capacidad económica tendrá el país para mantenerlos mañana. La deuda pública no demuestra por sí sola un fracaso, del mismo modo que una reducción de la pobreza no demuestra por sí sola un éxito integral. El análisis debe establecer si los recursos utilizados produjeron beneficios duraderos, si las obligaciones se mantienen dentro de una trayectoria sostenible y si las proyecciones oficiales se traducen en una mejora real y permanente de la calidad de vida de los dominicanos.
El verdadero liderazgo no se mide por la elocuencia de las promesas ni por la contundencia de las excusas, sino por la capacidad de rendir cuentas con datos abiertos, asumir los costos de las decisiones y demostrar que el interés colectivo está por encima de cualquier conveniencia política. La República Dominicana no necesita defensores ciegos ni detractores sistemáticos; necesita una ciudadanía crítica y un Gobierno dispuesto a someter sus actos al escrutinio permanente de la verdad y de la historia.
Excelentísimo señor presidente, las preguntas están planteadas y los documentos oficiales marcan el punto de partida. Responderlas con hechos, transparencia y resultados verificables es la responsabilidad que le exige el país y la única vía para demostrar si usted es, efectivamente, el líder que la nación requiere en esta hora trascendental.
Con el compromiso inquebrantable de contribuir al debate democrático y al fortalecimiento institucional de nuestra Patria,
Job y Sus Voces
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