La reciente propuesta fiscal presentada y retirada por el presidente Luis Abinader nos abre la puerta para un análisis filosófico crudo y necesario sobre la estructura socioeconómica de la República Dominicana. Aunque la propuesta fue retirada, es crucial que reflexionemos sobre los elementos que pueden afectar a la clase media, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la estabilidad a largo plazo del país. Esta reflexión requiere un enfoque que no solo contemple los detalles técnicos de la reforma, sino también la esencia filosófica de las decisiones económicas y su impacto en la estructura social.
1. La degradación de la clase media y las PYMES
Una de las grandes preocupaciones en cualquier reforma fiscal es el impacto en la clase media y en las PYMES, que son el motor económico del país. El modelo económico dominicano depende en gran medida de las contribuciones de estos sectores, y cualquier aumento impositivo mal diseñado podría generar un ciclo de empobrecimiento progresivo. La clase media ya lleva una carga significativa debido al costo de vida y la falta de servicios públicos eficientes, lo que obliga a muchos a recurrir a servicios privados como educación, salud y seguridad.
Desde una perspectiva lógica, imponer una mayor carga tributaria sobre esta clase solo impulsaría su degradación, disminuyendo su capacidad adquisitiva y limitando su poder para reinvertir en la economía. Las PYMES, por su parte, enfrentan serios problemas de liquidez, burocracia y competencia desleal frente a grandes corporaciones que gozan de exoneraciones y ventajas fiscales. Al incrementar los impuestos sin ofrecerles mecanismos claros de compensación o alivio, se corre el riesgo de disminuir la competitividad local, fomentar la informalidad, y aumentar las quiebras, lo que afecta directamente el empleo y el dinamismo económico.
2. La eliminación del financiamiento politiquero y los partidos minoritarios
El sistema político dominicano está saturado por partidos bisagra y minoritarios que no solo fragmentan la representación popular, sino que también desvían recursos públicos hacia el financiamiento de maquinarias clientelistas y personalismos. El financiamiento estatal a partidos que no cumplen con umbrales mínimos de representación es una carga fiscal injustificada. Filosóficamente, este sistema perpetúa una simulación democrática donde la pluralidad efectiva es una mera fachada.
El gasto en los partidos políticos solo en 2023 fue de RD$1,260 millones, una cifra que podría ser destinada a áreas prioritarias como la educación o la salud. La eliminación de esta práctica aliviaría el presupuesto público y fortalecería un sistema electoral más representativo, al tiempo que se suprimirían estructuras políticas clientelistas.
3. El barrilito y la eliminación de privilegios
El barrilito, las exoneraciones y otros privilegios asignados a legisladores y funcionarios representan una contradicción directa con los principios de equidad fiscal y justicia social. Estas asignaciones, bajo la fachada de "aportes al desarrollo comunitario", distorsionan el uso legítimo de los recursos públicos. En un país con profundas desigualdades sociales, es inaceptable que estos privilegios continúen vigentes. Se estima que solo en exoneraciones se pierden alrededor de RD$3,200 millones anuales
4. Medidas dolorosas pero necesarias
La deuda pública en República Dominicana ha alcanzado niveles insostenibles, superando los RD$68,000 millones en los últimos años. Continuar con un modelo basado en el endeudamiento sin control es insostenible a largo plazo. Es necesario aplicar medidas estructurales, como aumentar los impuestos a las grandes corporaciones que se benefician de exoneraciones. Sin embargo, este ajuste debe acompañarse de políticas que garanticen un gasto público más eficiente y transparente.
5. Endeudamiento progresivo: ¿Hasta cuándo?
El endeudamiento sin control en República Dominicana plantea un dilema ético y filosófico: estamos hipotecando el futuro de generaciones que aún no han nacido. Este tipo de políticas no solo compromete la estabilidad económica del país, sino también su soberanía. La filosofía económica moderna ha demostrado que el endeudamiento excesivo genera una dependencia peligrosa hacia organismos internacionales y acreedores externos.
6. Gasto en publicidad y salud de los inmigrantes indocumentados
Además de estos puntos, hay áreas de gasto que, aunque necesarias, podrían ser mejor gestionadas. El gasto anual en publicidad gubernamental alcanzó los RD$7,903 millones en 2023, mientras que el costo anual de la atención a parturientas haitianas e inmigrantes indocumentados es de RD$5,000 millones
Ahorro estimado y su impacto en áreas claves.
Al sumar el gasto en publicidad gubernamental, privilegios a legisladores, presupuesto destinado a partidos políticos, atención a parturientas haitianas, corrupción, y subsidios, se podría ahorrar más de RD$140,000 millones anuales. Esta cifra tendría un impacto transformador si se invirtiera en áreas como:
- Salud: Mejoras en infraestructura hospitalaria, acceso a medicamentos y atención médica de calidad.
- Educación: Ampliación de la cobertura y mejora en la calidad educativa.
- Seguridad: Equipar y profesionalizar a las fuerzas de seguridad.
- Bienestar social: Programas de asistencia para reducir la pobreza extrema.
Este redireccionamiento de recursos transformaría de forma estructural la calidad de vida de los dominicanos.
Conclusión
La retirada de la reforma fiscal fue un triunfo temporal para la clase media, pero el problema subyacente persiste: el modelo fiscal dominicano es insostenible en su forma actual. Para garantizar un futuro próspero, debemos eliminar los gastos superfluos, reformar el sistema político y enfrentar el endeudamiento crónico. Si no se toman estas decisiones valientes y equitativas, el país seguirá hipotecando su futuro a corto plazo.
Autor: Job Vasquez.
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