En una reciente declaración, el Ministro de Educación, Ángel Enrique Hernández Castillo, ha anunciado la decisión del Ministerio de Educación (MINERD) de apelar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la enseñanza obligatoria de la Constitución Dominicana en las escuelas. Este acto no solo plantea preguntas legales y administrativas, sino que también invita a una reflexión filosófica profunda sobre la responsabilidad del Estado hacia sus ciudadanos y el futuro de la educación cívica en el país.
La Sentencia y su Implicación Filosófica
La sentencia del TSA que ordena la enseñanza de la Constitución en las escuelas busca garantizar que los estudiantes dominicanos adquieran un conocimiento fundamental sobre sus derechos y deberes. La Constitución Dominicana, en su Artículo 63, establece claramente que "Todos los ciudadanos tienen derecho a la educación, la cual debe estar orientada hacia la formación integral del ser humano y al fortalecimiento de la democracia". Esta disposición subraya la importancia de una educación que incluya el conocimiento de la propia Constitución como un pilar fundamental para la formación de ciudadanos responsables.
Desde una perspectiva filosófica, la educación sobre la Constitución es esencial para que los ciudadanos comprendan el marco en el que se desenvuelven sus vidas. La decisión de apelar esta sentencia puede interpretarse como un acto de desdén hacia estos principios fundamentales, que buscan asegurar la participación activa y consciente de los ciudadanos en la vida democrática. Ignorar o impedir este conocimiento equivale a despojar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para participar plenamente en la vida pública.
El Argumento de la Traición
La apelación del MINERD a la sentencia no es simplemente una cuestión administrativa o técnica; es un acto que tiene implicaciones profundas para el tejido social y político del país. El Artículo 64 de la Constitución establece que "El Estado debe garantizar el derecho a la educación y asegurar su acceso a todos los ciudadanos". La negativa a enseñar la Constitución en las escuelas, por lo tanto, no solo desafía una orden judicial, sino que también contraviene este mandato constitucional que busca garantizar una educación equitativa e inclusiva.Desde una óptica crítica, esta acción puede ser vista como un intento de socavar el entendimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y deberes. Es un acto que limita el acceso a la educación cívica y, por ende, la capacidad de los ciudadanos para cuestionar, participar y exigir rendición de cuentas a sus líderes.
La Retórica Impactante.
El MINERD, al apelar la sentencia del TSA, no solo desafía una orden judicial, sino que también pone en riesgo el futuro cívico del país. La retórica detrás de esta acción es clara y alarmante: ¿Qué podríamos esperar de alguien que atenta contra la niñez dominicana despojándola de sus pupitres en las escuelas, y con ello, de un conocimiento vital para su desarrollo como ciudadanos responsables? Este acto no es solo una cuestión de política educativa; es una cuestión de ética y responsabilidad social.
El Artículo 23 de la Constitución y su Aplicación a la Traición a la Patria
El Artículo 23 de la Constitución Dominicana establece que "Los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable en los casos de traición, espionaje, conspiración." Aunque este artículo se refiere específicamente a la pérdida de ciudadanía en el contexto de condenaciones irrevocables, su implicación es relevante para nuestro análisis. La ciudadanía no es solo una cuestión de estatus legal, sino de plena integración y responsabilidad en la vida pública del país.
La negativa del Ministro de Educación a cumplir con la sentencia que ordena la enseñanza de la Constitución puede ser interpretada como un acto que socava los principios fundamentales de la educación cívica y, por ende, la integridad democrática de la nación, lo que justifica, en términos de responsabilidad política y constitucional, la necesidad de su destitución.
Al apelar la sentencia que ordena la enseñanza de la Constitución en las escuelas, el MINERD está actuando en contra del principio fundamental de la ciudadanía informado. La negativa a proporcionar a los jóvenes dominicanos una educación cívica adecuada puede ser vista como una forma de traición a la patria, al socavar el conocimiento necesario para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes. Esta acción puede ser interpretada como un intento deliberado de debilitar la cohesión cívica y la comprensión de la Constitución, elementos esenciales para el funcionamiento saludable de cualquier democracia.
Conclusión
La apelación del MINERD a la sentencia del TSA es un acto que merece una reflexión profunda sobre su impacto en la educación y en la formación cívica de los jóvenes dominicanos. La Constitución Dominicana, en su Artículo 62, establece que "La educación debe promover los valores democráticos y la participación activa en la vida pública", y el Artículo 23 resalta la importancia de la plena participación y entendimiento cívico. La decisión de apelar esta sentencia parece contraria a estos principios fundamentales y al mandato constitucional de promover una educación que prepare a los ciudadanos para ejercer sus derechos y deberes de manera informada.
Invitamos a los ciudadanos y a los responsables de la educación a reflexionar sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta apelación y a considerar las implicaciones a largo plazo para el país. La educación cívica es un derecho fundamental y un deber de todo Estado comprometido con el bienestar de su gente y el fortalecimiento de la democracia. Este acto podría ser visto como una forma de traición a la patria, al socavar el fundamento mismo de la participación y la cohesión ciudadana.
De acuerdo con el Artículo 23 de la Constitución Dominicana, 'Los derechos de ciudadanía se pierden por condenación irrevocable en los casos de traición, espionaje, conspiración.' La decisión del Ministro de Educación de apelar la sentencia que ordena la enseñanza de la Constitución en las escuelas no solo contraviene el Artículo 62 sobre la promoción de los valores democráticos, sino que también puede ser vista como un acto de traición al despojar a los niños de su derecho fundamental a conocer su propia Constitución. Esta actitud de desconsideración hacia la educación cívica y la formación integral de los ciudadanos justifica, sin ambigüedad, la demanda de su destitución por conspirar contra los principios constitucionales de nuestra patria.
Autor: Job Vasquez.
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