Estas preguntas no son fruto del pesimismo, sino de la observación constante de una narrativa oficial que se ha convertido en rutina: el gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, insiste en exhibir indicadores de crecimiento económico sostenido y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, cada vez es más evidente la disonancia entre ese discurso y la realidad que vive el ciudadano común, especialmente la clase media, que carga con impuestos, carece de subsidios, y observa cómo su entorno social y económico no mejora al ritmo prometido.
Desde 2020, el ritmo de endeudamiento externo ha aumentado significativamente. Según datos oficiales de la Dirección General de Crédito Público, la deuda pública consolidada del Estado dominicano ha superado el 60% del PIB. Pese a ello, no existe un desglose claro, público ni detallado de cómo se invierten estos fondos. Peticiones ciudadanas legítimas para exigir rendición de cuentas han sido archivadas, ignoradas o desviadas mediante procesos administrativos opacos. El silencio institucional se vuelve, en este contexto, un acto de poder. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué tanto secretismo?
La deuda pública, lejos de ser una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo, se está convirtiendo en un caballo de Troya: una figura de aparente progreso que, en su interior, puede esconder dependencia, pérdida de soberanía y manipulación política. No se trata de negar que se tomen préstamos, sino de cuestionar la falta de resultados visibles y la carencia de transparencia en su uso.
Hay inquietudes que no pueden seguir evadiéndose.
¿Por qué no hay información desde 2022 sobre cuánto ha pagado Barrick Gold al Estado dominicano? Una de las explotaciones mineras más rentables del país opera bajo un manto de opacidad. ¿Qué se ha pactado en secreto? ¿A cambio de qué concesiones?
¿Por qué seguimos financiando organizaciones no gubernamentales que no rinden cuentas, muchas de las cuales promueven agendas externas no alineadas con las prioridades del país? ¿Por qué los recursos públicos se destinan a estas estructuras mientras los servicios básicos se debilitan?
¿Por qué hay miles de niños dominicanos fuera de las escuelas públicas, mientras aumenta la matrícula de estudiantes hijos de inmigrantes ilegales haitianos? ¿Qué tipo de política educativa y migratoria se está aplicando, y a quién sirve realmente?
¿Por qué el pueblo no ve ni percibe los beneficios de los préstamos multimillonarios? Si ese dinero entra, ¿a dónde va? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién se beneficia?
Desde una perspectiva ontológica, es necesario analizar no solo los efectos inmediatos, sino la naturaleza profunda del modelo económico que estamos sosteniendo. ¿Qué tipo de país estamos siendo al aceptar sin resistencia este modelo? ¿Uno que vive de su producción, o uno que sobrevive del crédito? ¿Uno que fortalece su soberanía o que la entrega, poco a poco, a fuerzas externas?
La historia reciente ofrece ejemplos que deberían servirnos de advertencia. Grecia, Argentina, Sri Lanka, incluso Venezuela, son casos de países que apostaron por el endeudamiento y el relato del crecimiento, mientras su economía real se deterioraba. Al final, todos enfrentaron el colapso económico, la pérdida de soberanía y la intervención de organismos internacionales.
Si lo que tenemos es una economía sostenida por préstamos, sin fortalecimiento real de la infraestructura, de la producción nacional, de la educación, de la salud y de la tecnología, entonces no estamos creciendo. Estamos postergando el colapso con dinero prestado. Estamos inflando una burbuja peligrosa que, al estallar, puede dejar al país en una situación de vulnerabilidad extrema.
Por eso, debemos preguntarnos, sin eufemismos: ¿realmente estamos creciendo, o estamos entrando en una fase de endeudamiento insostenible? ¿Qué se oculta detrás de la negativa a rendir cuentas? ¿Qué intereses condicionan los pactos con multinacionales y ONGs? ¿Qué se está sacrificando a cambio de cifras maquilladas?
La solidez de una economía no se mide únicamente por indicadores macroeconómicos, sino por la autonomía con la que se decide su destino. La deuda sin rendición de cuentas es un mecanismo de subordinación. El crecimiento sin desarrollo es una ilusión. El silencio gubernamental ante las legítimas preguntas del pueblo no es prudencia: es negligencia.
Si no exigimos respuestas hoy, mañana podríamos perder más que la estabilidad económica: podríamos perder el derecho a decidir sobre nuestro propio país.
Autor: Job Vasquez
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